El fútbol colombiano vuelve a estar en el ojo del huracán tras la inusual y polémica sanción impuesta a Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, luego del penalti señalado a su favor en el empate 1-1 frente a Boyacá Chicó por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II.
El Comité Disciplinario decidió suspender al atacante por dos semanas y multarlo con 85 millones 410 mil pesos, al considerar que indujo al árbitro a cometer un error. Lo más controvertido es que el juez central del compromiso no recibió ningún tipo de sanción.
El episodio ocurrió en el área del conjunto boyacense, cuando Morelos cayó tras un contacto que el árbitro interpretó como falta. La pena máxima fue decretada y generó protestas de rivales y de muchos periodistas, pero después del análisis del Comité, la decisión tomó un rumbo insólito: responsabilizar al jugador por “simulación e inducción al engaño”, dejando completamente exento de culpa al colegiado, quien fue el encargado de tomar la determinación en el terreno de juego.
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La sanción no tardó en generar indignación entre los hinchas verdes. Muchos consideran que castigar al futbolista por una supuesta simulación, sin imponer ninguna medida al árbitro que pitó el penal, es incoherente y sienta un precedente peligroso. Otros recuerdan que en innumerables ocasiones, decisiones arbitrales equivocadas no derivan en sanciones para los jueces, mientras los jugadores se convierten en el foco de las investigaciones.
La ausencia de Morelos durante dos semanas llega en un momento clave del calendario, donde el equipo pelea su lugar en la parte alta de la tabla. Además, la millonaria multa impuesta al delantero ha sido catalogada como “desproporcionada” por diferentes voces del entorno futbolero.
Un precedente que enciende alarmas
El hecho de que el árbitro involucrado no reciba siquiera una amonestación abre un debate de fondo sobre la equidad en las decisiones del Comité Disciplinario. Mientras se castiga de forma ejemplar a un jugador por una acción interpretativa, no se analiza con el mismo rigor la actuación del juez, quien finalmente tomó la decisión dentro del campo. Este caso promete seguir generando discusión y podría marcar un antes y un después en el manejo disciplinario del fútbol profesional colombiano.