Una denuncia publicada por el diario La Patria advierte sobre presuntas irregularidades en los documentos médicos entregados por 25 árbitros para participar en una pretemporada en Bucaramanga. Aunque inicialmente habrían sido apartados de las actividades, posteriormente recuperaron su habilitación, en medio de nuevos cuestionamientos sobre los procedimientos de evaluación y las designaciones en el fútbol profesional colombiano.
Una nueva controversia sacude al arbitraje del fútbol colombiano. De acuerdo con una investigación del diario La Patria, 25 árbitros estarían involucrados en una denuncia por la presunta presentación de exámenes médicos alterados, documentos que debían acreditar el cumplimiento de los requisitos físicos y visuales exigidos para participar en la segunda pretemporada del año, realizada en Bucaramanga.
Según el medio de comunicación de Manizales, las posibles anomalías fueron detectadas por el Departamento Técnico de la Comisión Nacional Arbitral (CNA), después de encontrar coincidencias en los resultados de las pruebas y en las firmas atribuidas a un mismo profesional de la salud en documentos correspondientes a distintos jueces.
El procedimiento establecía que los árbitros debían practicarse las evaluaciones dentro de los 20 días anteriores al inicio de la pretemporada y entregar los resultados junto con el formulario requerido por la Comisión. Sin embargo, las inconsistencias identificadas habrían motivado la exclusión de los 25 involucrados de las jornadas de preparación.
La información divulgada por La Patria señala que algunos de los árbitros habrían justificado la situación por el costo de los exámenes médicos. Otros, presuntamente, manifestaron que acostumbraban realizarse estas pruebas cada seis meses, en un contexto en el que, según las fuentes consultadas, no existirían mecanismos de verificación suficientemente rigurosos.
Uno de los aspectos que genera interrogantes es lo sucedido después de la exclusión inicial. De acuerdo con la publicación, los árbitros recuperaron posteriormente su habilitación mediante un proceso de revisión que una fuente consultada por el periódico consideró demasiado rápido. Las versiones sobre lo ocurrido no habrían sido uniformes: mientras algunos jueces reconocieron errores, otros rechazaron los señalamientos.
No obstante, la habilitación no habría significado el regreso inmediato a las designaciones oficiales. El informe sostiene que Sebastián Restrepo Lemus, quien estaba al frente del Departamento Técnico de la CNA, no habría asignado partidos a los árbitros relacionados con la denuncia. Un juez antioqueño citado por el medio indicó que Restrepo se guiaba por criterios técnicos para definir los nombramientos.
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Hasta el momento, la publicación no ha revelado los nombres de los 25 árbitros señalados. Entre los departamentos de procedencia de los involucrados estarían Valle del Cauca, Huila, Risaralda, Atlántico y Santander. Se trata, por ahora, de presuntos hechos que requieren aclaraciones y cuya responsabilidad individual no puede darse por establecida únicamente a partir de la denuncia periodística.
Una controversia que se suma a otros cuestionamientos
El caso se conoce en un momento de tensión alrededor del funcionamiento del arbitraje nacional. Según los antecedentes expuestos por La Patria, Sebastián Restrepo Lemus presentó su renuncia el pasado 29 de septiembre, en medio de cuestionamientos relacionados con la independencia de las decisiones técnicas y las presuntas intervenciones en algunas designaciones.
El periódico también ha informado sobre diferencias entre las valoraciones de la Comisión Nacional Arbitral y las decisiones atribuidas a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), particularmente en asuntos relacionados con los nombramientos para partidos de Liga y la selección de candidatos a recibir la escarapela FIFA para 2027.
En ese contexto, uno de los nombres mencionados ha sido el de Nicolás Gallo, alrededor de cuyo caso surgieron controversias sobre las decisiones arbitrales. Frente a cuestionamientos anteriores, la Federación Colombiana de Fútbol negó que su presidente, Ramón Jesurún, hubiera intervenido en las determinaciones señaladas y también entregó explicaciones sobre ese episodio.
La investigación periodística recoge, además, situaciones relacionadas con algunas designaciones recientes. Entre ellas aparece Wílmar Roldán, quien dirigió los compromisos de Junior frente a Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali, correspondientes a las jornadas 13 y 15 del campeonato, ambos disputados en condición de visitante para el conjunto barranquillero.
También se menciona la designación del árbitro cundinamarqués Wílmar Montaño como AVAR en el partido de Copa entre Internacional de Bogotá y Llaneros, así como la ausencia de un observador VAR en el encuentro entre Once Caldas y Llaneros.
Otro de los episodios citados corresponde a Jhon Édison Perdomo, quien volvió a impartir justicia después de recibir críticas por su actuación en el VAR durante un compromiso de finales de 2024. En aquel partido, Once Caldas reclamó una pena máxima que consideraba determinante para sus aspiraciones de llegar a la final.
Estos antecedentes no prueban por sí mismos una relación entre las diferentes controversias, pero reflejan la necesidad de que las autoridades del fútbol colombiano ofrezcan explicaciones claras sobre sus procedimientos de evaluación, sus criterios de designación y los mecanismos de control interno.
La Patria aseguró que intentó obtener la versión de Sebastián Restrepo Lemus sobre la denuncia. Según el periódico, el exresponsable del Departamento Técnico manifestó que ya no ocupaba el cargo y prefirió no hacer declaraciones. El medio también señaló que buscó una respuesta de Armando Farfán, presidente de la Comisión Nacional Arbitral, pero no recibió contestación a través de WhatsApp.
Por ahora, las presuntas irregularidades en los exámenes médicos de los 25 árbitros constituyen el centro de una denuncia que exige respuestas institucionales. La transparencia en la verificación de los requisitos médicos, la claridad sobre el proceso que permitió recuperar la habilitación y el esclarecimiento de las responsabilidades serán determinantes para establecer qué ocurrió realmente y preservar la confianza en el arbitraje profesional colombiano.